Alicante, 21-09-2022.
- Reducen el tramo regional del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Actos Jurídicos
- El PP quiere que la fiscalidad sea el eje más importante de su programa
La fiscalidad autonómica constituye una intrincada maraña de impuestos propios y cedidos en los que cada año hay numerosos cambios. Con todo, entre ellos, destacan cuatro figuras fundamentales (el tramo autonómico del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Actos Jurídicos Documentados) en las que los cinco territorios gobernados por el PP están actuando simultáneamente, mediante rebajas tributarias.
Es una estrategia inusual a esta escala en el ámbito fiscal, que evidencia hasta qué punto la política tributaria será el núcleo de la ofensiva de los populares frente al PSOE en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, la primera gran cita electoral del año próximo.
Sus barones ahondan esa táctica con el anuncio hecho esta semana por Andalucía acerca de su intención de suprimir Patrimonio y deflactar el IRPF. El partido, no obstante, empezó a trabajar en esa táctica ya antes de la crisis desatada por la guerra en Ucrania. El más reciente Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral, publicado en marzo pasado por el Consejo General de Economistas, destacaba que Madrid, Castilla y León, Murcia, Andalucía y Galicia aportaban todas las “más importantes novedades normativas” (con las rebajas tributarias como denominador común) de 2022 en lo que al Impuesto de la Renta se refiere y también a los otros tres gravámenes clave de la fiscalidad regional.
Las excepciones, ajenas a la órbita del PP, la constituyen Cataluña, Asturias y Cantabria y marcando en todos los casos diferencias. Así, en el ámbito catalán las modificaciones se centran en el IRPF y han supuesto un incremento de la tributación para las rentas que el Govern considera altas (a partir de 37.000 euros brutos anuales).
Reducciones focalizadas
En el caso de Asturias y Canarias, sí se han aligerado las cargas del Impuesto sobre la Renta pero con alcance muy focalizado en las zonas rurales en riesgo de despoblación. Una estrategia igualmente restringida la adopta Aragón, gobernado por el PSOE, para las áreas con problemas demográficos. Mucho más general es la reducción de medio punto en todos los tramos autonómicos del IRPF que decidió este año Madrid; la bajada del tipo máximo del 48,2 al 47% en Andalucía o Galicia, que simplificó su estructura impositiva pasando de siete a cinco tramos.
En los últimos meses, no obstante, es en el ámbito de la deflactación de tipos donde los populares saben que pueden sacar mayores ventajas. A escala nacional, el Gobierno central se resiste a actualizar los tipos del Impuesto sobre la Renta según el alto nivel actual de los precios. El Ejecutivo madrileño respondió, en el último Debate sobre el Estado de la Región, adelantando a este ejercicio la deflactación de hasta un 4,1%, que es el nivel ordinario de crecimiento de los costes salariales del INE.
Guerra contra Patrimonio
En esta semana, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha querido dar un golpe de la misma intensidad, anunciando que deflactará la tarifa autonómica del IRPF un 4,3% en los tres primeros tramos de renta de este tributo. En paralelo, es en Patrimonio donde Madrid y Andalucía buscan también medir sus esfuerzos, por la gran polémica que esta penalización a la riqueza genera, pese a ser un gravamen con una capacidad recaudatoria muy escasa.
Ambas autonomías se convertirán en los únicas que bonifican por completo Patrimonio para todos los ciudadanos. Le sigue Galicia con un 25% que también se aplica de modo generalizado sin establecer límites de renta.
En lo que concierne al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Consejo General de Economistas destaca la reducción de la tarifa que aprobó la Junta de Andalucía y la bonificación del 99% para los grupos con vinculación I y II propia de Castilla y León.
Respecto a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Andalucía ha rebajado, con efectos en este ejercicio, el tipo general en ambas modalidades tributarias. Mientras que Galicia lo ha hecho específicamente en el apartado de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Y antes de las elecciones de 2023 puede haber más movimientos. No en vano en Castilla y León se especula también con una posible eliminación de Patrimonio en el futuro.
Fuente; eleconomista.es