Alicante, 25-10-2023.
- Pactan endurecer el despido y los descuelgues, ejes de la norma de 2012
- Abren la puerta a las indemnizaciones disuasorias
- Una revolución que va más allá de las indemnizaciones
El acuerdo suscrito por PSOE y Sumar para reeditar su coalición de Gobierno marca una nueva etapa en la regulación del mercado de trabajo con la idea de culminar lo que no pudieron hacer en la anterior Legislatura: derogar el grueso de la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. Para ello apunta directamente a sus principales pilares que seguían sin cuestionarse: las causas del despido y los descuelgue de los convenios colectivos. Unos cambios que, a diferencia de su propia reforma de 2021, el nuevo Ejecutivo tendrá que sacar adelante sin el respaldo de las empresas, que temen mayor rigidez e inseguridad jurídica
El documento presentado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz recupera la idea de un “Estatuto del Trabajo del siglo XXI” que ya se anunció en el anterior pacto de Gobierno, el de 2019, y parecía cumplido con la reforma laboral pactada hace dos años, pero ahora incluye novedades importantes recogidas del programa electoral de Sumar.
La primera consiste en “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido”, dando “cumplimiento” a la Carta Social Europea y “reforzando la causalidad” en los supuestos de extinción de la relación laboral. Se trata, ni más ni menos, que introducir la idea de una indemnización variable en función de las circunstancias del trabajador (aunque sin volver de manera general a los 45 días). PSOE y Sumar confían para ello en una decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales que determine que la indemnización tasada en España vulnera la Carta Social Europea y no es proporcional ni “disuasoria”.
Pero la segunda parte de este apartado va más allá del incremento de las indemnizaciones, y es la que constituye una auténtica revolución, tal y como adelantó elEconomista.es, ya que plantea una profunda revisión de las causas de cese. En este sentido, es significativo que use la expresión “extinción de relación laboral” en lugar de despido. Con ello se apunta también al periodo de prueba, cuyo uso se ha disparado tras la reforma laboral.
Al actuar sobre la causalidad se darán más herramientas a los jueces para decretar la improcedencia y que la empresa se vea obligada a readmitir al trabajador o a pagar la compensación más elevada. Algo que supone revertir el objetivo de la reforma laboral del PP, que también apostó por judicializar los despidos, pero aclarando las causas para declararlos objetivos, más baratos, con una indemnización de 20 días.
Limitar los descuelgues
El segundo bloque de novedades tiene un aspecto menos llamativo, quizá, pero también relevante. Y es que el acuerdo incide en “reforzar las garantías de las personas trabajadoras” en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues. En ese sentido, PSOE y Sumar son contundentes. “Revisaremos las causas para que solo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos“, afirman. Además insisten en que deberán ser negociados, dando prioridad a las “organizaciones sindicales” y garantizando el “carácter reversible” de las medidas adoptadas.
Una de las novedades de la reforma laboral del PP fue agilizar los descuelgues y las adaptaciones de jornada y otras condiciones de trabajo, en función de las necesidades del momento económico. La filosofía era evitar soluciones más complejas, como un ERTE, o incluso despidos, con una solución rápida, aunque ello implicara pasar por encima de las centrales sindicales en los casos en los que no tenían representación en las empresas.
La reforma de 2021 ya recuperó la ultraactividad de los convenios (es decir, que no caducan si no se renuevan) suprimida en 2012, así como la prioridad de los firmados a nivel sectorial sobre los de empresa en algunos supuestos, como el de los salarios. El acuerdo no introduce cambios en este sentido, aunque incide en reforzar el peso de las negociaciones sectorial. Así, se comprometen a “mejorar” la información económica a disposición de los negociadores de los convenios colectivos de ámbito “supraempresarial”,
El problema de PSOE y Sumar era doble: por un lado, convencer a sus sociales potenciales de ERC y Bildu, que exigían una derogación total de la reforma de 2012, para apoyar su proyecto. Por el otro, el riesgo de que una derogación explícita puede provocar suspicacias en Bruselas, que avaló la norma de hace una década igual que hizo con la alcanzada en 2021, pese a que la primera no se logró con acuerdo con los agentes sociales, como sí lo logro la segunda.
Pero las relaciones de Díaz y Sánchez con los empresarios se han complicado por la subida del SMI y la reforma de pensiones, que no contaron con su aval. Las críticas de CEOE y Cepyme tras conocer el acuerdo firmado este martes apuntan a que esta legislatura seguirá el mismo camino de enfrentamiento en el ámbito laboral.
Fuente; eleconomista.es