- Los abogados denuncian que se ha negado el certificado de defunción a 3.152 de los casos
- Hoy se ha podido presenta la documentación de tan solo 116 de ellos
Un equipo de once abogados de distintas partes de España, especializados en Derecho Penal, han presentado una querella contra cada uno de los 23 miembros del Consejo de Ministros, en nombre de 116 familias que han perdido una o más personas, como consecuencia del Covid-19.
En la querella se imputa al presidente del Gobierno, y a cada uno de los ministros, la comisión de un homicidio imprudente, por cada una de las víctimas presentes en la querella.
Hasta el momento, 3.268 familias han manifestado su deseo que querellarse, pero salvo las 116 que hoy se han personado, a las demás se les ha negado el Certificado Médico de Defunción, necesario para interponer la acción, y se les han dado un plazo de varios meses, para poder entregárselo, según denuncian los abogados.
El homicidio por imprudencia está castigado en el Artículo 142 del Código Penal, con penas de hasta 4 años por cada homicidio que, en este caso, podrían llegar a seis años.
La querella, según explican los letrados en su texto, podría ampliarse a otros delitos, como omisión del deber de socorro, prevaricación por omisión y contra los derechos de los trabajadores. También, podría ampliarse contra otras personas, como el doctor Fernando Simón, como colaborador necesario, por extender “información engañosa” a través de los medios de comunicación.
Queremos que se les tome declaración a los 23 miembros del Consejo de Ministros y se les imponga una fianza, porque los familiares de los fallecidos consideran que han ocurrido omisiones y actuaciones muy graves que han costado la vida a más de 26.000 españoles, explica la abogada Emilia Zaballos, presidenta de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, impulsora inicial de esta actuación ante los tribunales.
En esta querella no hay cabida para las ideologías políticas
Tuvo su origen en un mensaje de “WhatsApp” que, envió otro de los abogados, José Antonio Sánchez, y que se ha hecho entre las familias de los fallecidos.
“Esperamos que la querella sea admitida, comenta Zaballos, ya que “detrás hay mucha gente, un representante de cada uno de los más de 3.000 fallecidos adheridos a la querella, uno por cada familia”. Además, se ofrecieron voluntarios más de 80 abogados, de los que se selección a los once, de los que en esta primera presentación han actuado once y una procuradora”.
En esta querella no hay cabida para las ideologías políticas ni de culto y los abogados trabajan sin percibir ni un euro, absolutamente gratis.
Oídos sordos a los avisos
Explican los letrados en el texto de la querella, que en diciembre de 2019 se había detectado, oficialmente, el primer caso de contagio en humanos por el virus denominado Sars-Cov-2, en un mercado de animales vivos (“mercado húmedo” en términos de aquel país), de la región china de Wuhan, hecho reconocido por el Gobierno de China. A escasos días de la aparición del primer infectado, ya se habían detectado numerosos casos más, producidos por contagio.
Relatan los abogados, que el día 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS, aceptando una Recomendación del Comité de Emergencias, declaró que el brote constituía una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional.
Y ese mismo día se confirmó el positivo de dos turistas chinos en la ciudad de Roma, pero el Gobierno de España hizo caso omiso, ocultando cualquier información a los ciudadanos sobre dicha emergencia.
Cesado por sus propuestas
Posteriormente, el 24 de enero, ya se había emitido una comunicación, por parte del jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía, José Antonio Nieto González, dirigida al Ministerio del Interior, y en la que se proponían medidas de prevención (guantes de nitrilo, mascarillas, etc.) para proteger a los funcionarios policiales, especialmente los destinados en puestos fronterizos, aeropuertos, etc.,de posibles contagios.
Según parece, siguen explicando los abogados, estiman los abogados en su querella, esta recomendación del funcionario provocó que fuera cesado en su puesto poco después por el ministro del interior, Grande Marlaska.
En esas mismas fechas de finales de enero de 2020 el virus ya se había extendido velozmente por otros países y, así, se conocieron los primeros casos de contagio en Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y España.
En concreto en España, y según las informaciones que han recabado los letrados, el 31 de enero se diagnosticó en la isla de la Gomera el primer caso de contagio; y la primera muerte conocida se produjo en Valencia el 13 de febrero.
A raíz de esto, el virus comenzó a propagarse exponencialmente por nuestro país y, a finales del mes de febrero se habían detectado ya 32 casos de contagio en España, sin que el Gobierno hubiera adoptado medida alguna de prevención, durante más de un mes desde que tuviera conocimiento de la emergencia sanitaria declarada por la OMS y, más bien al contrario, negando su propagación en España.
Las negaciones de Simón
Y así, el jueves 13 de febrero, con la declaración de emergencia de la OMS ya dictada el 30 de Enero, en una rueda de prensa concedida en el Hospital Gomez Ulla de Madrid, el director del Centro de Coordinación y Alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, a propósito del alta médica prescrita a 19 afectados por coronavirus que habían sido repatriados de China a finales de Enero, declaraba que : “En España no hay coronavirus y por tanto no hay riesgo de infectarse, ….se está generando una ansiedad social que está un poco fuera de lo razonable…. en España no se ha producido ningún caso de transmisión del virus porque los pacientes que hay actualmente, se contagiaron en otros países”.
Explican también, que 10 días más tarde, a finales de febrero, la OMS ya había notificado 83.396 casos de contagio confirmados y 2.858 fallecimientos a nivel internacional. De ellos, en la UE se habían notificado 815 contagios y 19 fallecidos.
En estas circunstancias, y sin que el Gobierno Español adoptara medida alguna de contención, a finales de febrero y primera semana de marzo se celebraron multitud de concentraciones y manifestaciones, y la vida ciudadana continuó de manera habitual, sin que la gran mayoría de los ciudadanos españoles tuvieran conciencia del riesgo que corrían, algo que el Gobierno sí conocía; pero por lo que parece decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas.
Celebraciones en toda España
Así, en toda España se celebraron manifestaciones y concentraciones convocadas por organizaciones agrarias en defensa de sus intereses, a las que acudieron miles de personas y se celebraron “mascletás” autorizadas en Valencia desde los días 3 a 10 de marzo.
El día 8 de marzo se celebraron en muchos lugares de España las manifestaciones del 8M, Día Internacional de la Mujer, fomentadas activa y públicamente por varias de las querelladas. En concreto, a las celebradas en las ciudades de Madrid y Barcelona, asistieron según datos de las respectivas delegaciones del Gobierno, 120.000 y 50.000 personas.
Particularmente, a la de Madrid, asistieron varios de los querellados y sus familiares, llegando a contagiarse muchos de ellos, como ha resultado notorio, a pesar de ir provistos casi todos ellos de guantes de protección.
Fuente; eleconomista.es