La pandemia supone un cambio radical en la economía. Habrá menos salarios, menos consumo y precios más bajos de las gasolinas. También, cuatro millones de mileuristas.
No se conoce aún la fecha en que se iniciará el desconfinamiento ni cómo se articulará. Tampoco la evolución de la pandemia. Pero ya hay algunas certezas. Por ejemplo, que España —y otros países de su entorno— tiene por delante un duro ajuste salarial o que los combustibles y, en general, los precios tenderán a bajar. También, que los valores inmobiliarios seguirán un camino descendente o que el Estado es muy probable que vuelva a registrar un déficit de doble dígito (-9,5%, ha previsto el FMI) por la acción combinada de una reducción de la recaudación y, en paralelo, un fuerte aumento del gasto derivado del funcionamiento de los estabilizadores automáticos, principalmente, el desempleo.
La primera certeza tiene que ver con los salarios. El Gobierno, como se sabe, ha impulsado la vía de los ERTE para amortiguar el impacto de la hibernación económica. Es una solución de emergencia para evitar que haya despidos y se rompa la relación laboral entre el trabajador y su empleador.
En la actualidad, según Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, estarían afectados —aunque esta cifra se revisa al alza día a día— más de 3,61 millones de trabajadores. Es decir, alrededor del 20% de los afiliados a la Seguridad Social, que cobran, salvo en ciertos casos, como Inditex, que garantiza el 100% a sus trabajadores, el 70% de la base reguladora durante los primeros seis meses en situación de ERTE. O el 50% hasta el final de la prestación.
En total, un máximo de 1.411,83 euros al mes con dos hijos a cargo siempre que sean menores de 26 años, aunque si no hay hijos, la cantidad desciende hasta los 1.098,.09 euros, a los que hay que descontar la retención fiscal correspondiente. Es decir, prácticamente la mitad del salario medio mensual que se paga en España, y que, según la última estimación de Estadística, ascendía en 2018 a 1.944 euros.
Menos salarios, menos consumo
Eso quiere decir que, durante un tiempo, buena parte de la población asalariada, alrededor de uno de cada cinco trabajadores, tendrá que vivir con unos ingresos muy inferiores a los habituales antes del Covid-19, lo que tiene indudables consecuencias macroeconómicas. Menos salarios significa menos capacidad de consumo, pero también dificultades añadidas para ahorrar y mayores problemas para obtener un crédito.
Como ha puesto de relieve este informe de BBVA Research, desde el pasado 20 de marzo, la caída del gasto semanal con tarjeta se ha estabilizado en torno al -60% respecto a lo observado en la misma semana de 2019, lo que da idea de la intensidad de la crisis. Y lo que es todavía más evidente con solo salir a la calle: el gasto en bienes y servicios no esenciales o que no son de primera necesidad, como hostelería, ocio y entretenimiento, viajes, vestido y calzado, etc., se ha desplomado en más de un 90%.
Y ello sin contar con que el SEPE, como ha reconocido el organismo, en las circunstancias actuales no tiene capacidad para abonar las cuantías correspondientes a los hijos, por lo que los trabajadores en ERTE perciben menos de 1.000 euros. El Estado se ha comprometido a abonar esas cantidades de oficio cuando sea posible.
A esto hay que sumar un fenómeno todavía no cuantificable, pero que es ya una realidad. Un número indeterminado de empresas se han visto obligadas a bajar los salarios para evitar despidos o suspensiones temporales de empleo.
Como ocurrió durante la anterior recesión, es probable que aumente de forma muy relevante el número de empresas que quieran descolgarse del convenio colectivo de su sector porque no tienen capacidad económica para aplicarlo. Una situación en la que estaban, antes de que se decretara el estado de alarma, 1.044 empresas (año 2019). Ahora bien, como recuerda el propio Ministerio de Trabajo, “es posible” que estas estadísticas se vean afectadas, Y, desgraciadamente, al alza.
Menos consumo, menos inflación
Lo que bajará con toda probabilidad es la inflación. Este martes, Estadística anticipo el camino que recorrerá la economía en materia de precios en los próximos trimestres. El índice de precios de consumo (IPC) se situó en marzo, en términos anuales, en un 0,02%, lo que supone el menor nivel desde agosto de 2016.
El desplome de los productos petrolíferos explica, sin duda, la caída de los precios: el año comenzó con un incremento del 1,1%, pero la literatura económica ha acreditado que tras una brutal caída de la demanda (y la economía decrecerá este año un 8%, según el FMI), se produce una desaceleración de los precios, como sucedió, por ejemplo, en la anterior crisis, cuando el IPC coqueteó durante varios trimestres con la deflación.
La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de la cesta de la compra, en todo caso, se sitúa todavía en el 1,1%, pero existen dificultades para recoger la información que permita elaborar el IPC. De hecho, Eurostat y el propio INE discuten cambios metodológicos para poder calcular el IPC de forma rigurosa. Lo que se sabe es que, según Funcas, y a la espera de esos cambios, el IPC entrará en una senda negativa al menos hasta agosto de este año.
Esta presión a la baja de los precios afectará, igualmente, al mercado inmobiliario. Y ya tasadoras como Tinsa han estimado que se acelerará el proceso de estabilización iniciado hace algunos trimestres, lo que unido al hecho de que se venderán menos viviendas —por el menor dinamismo del empleo y de los salarios— contribuirá a poner plomo en las alas de un sector con un fuerte componente cíclico.
Menos demanda, menos precios inmobiliarios
Según Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de Tasación, las ventas pueden caer entre un 15% y un 20%, aunque a corto plazo esos descensos serán muchos mayores, lo que provocará una presión a la baja de los precios. Algunas inmobiliarias, de hecho, hablan ya de caídas debido a que muchos propietarios, ante la situación económica, tendrán más prisa en vender.
Y los que ya han bajado son los carburantes, como consecuencia del desplome de los precios del petróleo. Este miércoles, el barril tipo Brent se movió en un rango de 28-30 dólares, pese a los recortes anunciados por los productores, que parecen haber pinchado en hueso. Entre otras razones, porque la demanda de crudo en el planeta ha caído en unos 30 millones de barriles diarios y los inventarios se están desbordando. El recorte de 10 millones de barriles no parece que vaya a revertir la tendencia, si bien si no se hubiera producido ese ajuste por parte de la OPEP y sus nuevos compañeros de viaje, es probable que el precio fuera mucho más bajo.
Hoy, lo que se sabe es que el litro de gasolina de 95 se vende en las estaciones de servicio de Madrid a 1,14 euros, de media, cuando hace un mes, cuando se declaró el estado de alarma, el precio era de 1,27 euros. El gasóleo A, que por entonces estaba unos tres céntimos más barato, hoy tiene un precio muy similar al de la gasolina.
Fuente; elconfidencial.com