Las comunidades autónomas han registrado más de 160.000 solicitudes de ERTE que afectan ya a más de medio millón de trabajadores, un volumen imposible de gestionar
Con la economía de España paralizada por el estado de alarma, las empresas españolas han empezado a solicitar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para ajustar sus costes salariales a la caída de la actividad sin necesidad de despidos. Lo han hecho por decenas de miles, casi centenares, lo que ha generado un colapso en la gestión de estos procedimientos. Según los últimos datos facilitados por las CCAA, los ERTE solicitados superan ya los 160.000, con un millón y medio de trabajadores afectados, lo que está generando un colapso en la gestión de las comunidades autónomas.
Estos expedientes los tienen que supervisar las autoridades laborales, que están encajadas en las consejerías de Empleo de las distintas autonomías. El problema es que no disponen de los recursos humanos suficientes para hacer frente a tal avalancha de solicitudes, lo que ha provocado un auténtico colapso en muchas de ellas. Sencillamente, no pueden abarcar todas las tramitaciones.
El problema añadido con el que se encuentran es que tienen un plazo máximo de cinco días para autorizar o denegar el ERTE, de lo contrario, se considera silencio positivo, lo que valida automáticamente el expediente. Así lo determinó el Gobierno en el RDL 8/2020 en el que aprobó el plan de choque para amortiguar la crisis del coronavirus con el objetivo de dar rapidez a esta vía. Sin embargo, la escasez de recursos para realizar todos esos trámites en cinco días empieza a provocar que algunos expedientes estén aprobados sin supervisión, simplemente porque no han recibido respuesta en este plazo de cinco días.
Así lo confirman a este periódico algunas comunidades autónomas consultadas. Otras, aunque todavía no han llegado a ese umbral, temen atravesarlo en los próximos días, ya que la oleada de solicitudes no cesa. El caso más grave es el de la Comunidad de Madrid, donde se concentran una buena parte del tejido productivo de España y las grandes empresas multinacionales.
El consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez Rasero, envió el jueves a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una carta en la que alertaba de esta situación. “La solicitud masiva de ERTE por fuerza mayor desborda cualquier capacidad administrativa de tramitación”, señala Giménez Rasero en la misiva, “por causas obvias, la Comunidad de Madrid, uniprovincial, donde se concita gran parte del tejido empresarial de España, padece de forma especialmente grave este proceso”.
La Junta de Andalucía también empieza a tener problemas para asumir todas las solicitudes, y eso a pesar de que se ha derivado personal humano desde otras consejerías para tramitar expedientes. Y la misma situación se repite en Castilla y León. El miércoles, se cumplió la primera semana de entrada en vigor de las medidas de choque que contemplan los ERTE, lo que significa que estos días está venciendo ya el plazo de cinco días hábiles que tienen las comunidades autónomas para revisar los procedimientos.
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio de Trabajo que exija a las empresas una declaración de responsabilidad que acompañe a la solicitud del ERTE. Esta medida supondría un desincentivo a las empresas para pedir expedientes de regulación fraudulentos. No los evitaría, pero sería una amenaza para las empresas.
Otras comunidades han reclamado que la aprobación de los ERTE sea automática en todas las actividades obligadas a cerrar por el decreto del estado de alarma (en función del sector recogido en la CNAE). Todas esas empresas no pueden abrir y, por tanto, sus expedientes son válidos en todos los casos. Eso permitiría reducir drásticamente el número de expedientes que tienen que supervisar las autoridades laborales, lo que evitará el cuello de botella actual. Trabajo está valorando esta última opción para aligerar la gestión de los mismos.
Los sindicatos también han denunciado que existe un descontrol en la gestión de los ERTE. “Hay que controlar la picaresca de las empresas”, reclamó el jueves el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Los sindicatos se han ofrecido al Ministerio de Trabajo para ayudar a la autoridad laboral en la supervisión de los expedientes para que no se cuele ninguno que no cumpla los requisitos establecidos.
Las autoridades laborales ya han parado algunos ERTE. El mas sonado es el de Burger King, que pretendía suspender el contrato de 14.000 trabajadores y que fue bloqueado porque muchos de sus restaurantes pueden seguir funcionando con el reparto de comida a domicilio. De ahí que no exista causa de fuerza mayor para bajar la persiana mientras dure el estado de alarma.
El riesgo de que se cuelen algunos expedientes sin la supervisión adecuada de las autoridades laborales es evidente: el Estado terminará pagando una parte del sueldo de los trabajadores y estos perderán una parte de su renta sin motivo. Eso sí, existe la posibilidad de que las autoridades revisen ‘a posteriori’ los ERTE, previa notificación a la Inspección de Trabajo, y podrán tumbarlos si han sido fraudulentos. Este proceso genera una gran inseguridad jurídica, ya que significa que muchos expedientes que han sido tramitados podrían revisarse posteriormente, una situación que genera incertidumbre a empresas y trabajadores. “La aprobación del expediente de regulación temporal de empleo mediante silencio positivo provoca una inseguridad innecesaria, particularmente grave para los trabajadores afectados, debiendo ser un mecanismo subsidiario y a evitar”, lamenta Giménez Rasero.
Fuente; elconfidencial.com