Alicante, 28-04-2023.
- Un informe del Centro de Estudios de la Comisión Europea denuncia sesgos y distorsiones
- Su autor critica a Industria por gastar 10 millones en un programa piloto sin rigor
El Gobierno de España ha sido el último en sumarse a la moda de lanzar ‘proyectos piloto’ sobre la viabilidad de la jornada semanal de cuatro días. Lo hace con un presupuesto total de 9,6 millones de euros que repartirá un máximo de 200.000 euros entre las empresas que lo implementen. Pero su puesta en marcha coincide con la publicación de un estudio que pone en cuestión unos ‘experimentos’ que, tal y como se plantean, malgastan el dinero público.
El informe ha sido publicado nada menos que por el Joint Research Centre (Centro Común de Investigación) de la Comisión Europea, un organismo que busca contribuir a los efectos positivos de las políticas de la UE proporcionando “conocimientos científicos independientes” basados en “datos contrastados”. Algo de lo que parecen carecer las conclusiones de estos ‘experimentos’ sobre la jornada de cuatro días.
Otros investigadores han advertido en los últimos meses sobre la escasa fiabilidad de las conclusiones de estos programas, que muchos ven como meras “herramientas de marketing”. Pero el análisis realizado por Hugo Cuello, actualmente investigador en el ‘Innovation Growth Lab’ de la prestigiosa fundación británica Nesta y experto en el diseño de políticas públicas, es el primero que repasa a fondo la metodología que utilizan.
El autor deja claro que no pretende cuestionar la implantación de la semana de cuatro días, que considera una opción a estudiar que podría traer soluciones innovadoras a los desafíos del mercado laboral. Pero se muestra crítico con la fiabilidad de los principales estudios realizados en los últimos años para justificarlos, de los que ninguno se ha publicado en revistas académicas y científicas.
“Estos estudios no se someten a las mismas normas rigurosas y transparentes, como la revisión por pares y las comprobaciones de solidez de alta calidad, que suelen exigirse en la investigación académica”, advierte Cuello, que expone una larga lista de carencias en la elaboración y publicación de los resultados que conducen a una alta incidencia de sesgos, incongruencias y errores.
Riesgo de desigualdad
Así, los resultados de los programas piloto se basan principalmente en encuestas, concentrándose en las percepciones subjetivas de los empleados, una metodología poco adecuada para medir variables clave de estos estudios, como es el impacto en la productividad. Tampoco se cotejan con los datos de empresas que no participan en los estudios, ni de aquellos que lo hicieron, pero volvieron a la semana laboral de cinco días
Además, detecta que las empresas incluidas en la muestra pertenecen principalmente a los sectores tecnológicos, de telecomunicaciones y servicios profesionales. Y el 71% de los empleados son titulados superiores, muy por encima de la media del mercado laboral de cualquier país.
Esto genera un sesgo importante en los resultados, ya que los empleados más formados y las empresas más innovadoras pueden estar en mejor posición para adoptar la semana de cuatro días. Ello afecta a la “escalabilidad” del proyecto. Es decir, a su posibilidad de extenderlo. Cuello es claro en este sentido: “podría aumentar la desigualdad social si se amplía el programa”.
Y este es el gran problema de estos estudios: ¿para qué invierte un Gobierno en un programa piloto para implantar una medida que sólo funcionaría en un tipo muy concreto de empresas?
Pero no es el único defecto. Más allá de la limitada muestra analizada, los resultados comenten en muchos casos el error de confundir correlación con causalidad.
Cuello explica que en muchos casos las consecuencias positivas asociadas a la jornada de cuatro días podrían explicarse por otras causas, como reformas laborales o salariales. De hecho, en alguno de los casos estudiados los beneficios atribuidos a la reducción de horas semanales se empiezan a percibir meses antes de implantarla.
Malgastar dinero público
Y, por último, estas metodologías no aportan información clara sobre los costes de implementación, incluyendo en este apartado la formación y cambios en la estructura organizativa. “Conocer el coste de una intervención es esencial para que los responsables políticos determinen su asequibilidad y sostenibilidad“, recuerda.
Aunque el informe elaborado por Castillo para el Joint Research Group no analiza el programa español impulsado por Industria (al margen, por cierto, de los ministerios de Trabajo o Inclusión y Seguridad Social), la opinión de Cuello es clara: “estamos cayendo en el mismo problema, tanto a nivel nacional como regional“.
Lo señala en un reciente artículo publicado en Nada es Gratis en el que presenta las principales conclusiones su trabajo. Cuello considera que “seguir ejecutando pilotos así sería contraproducente y un “malgasto de dinero que no respondería las preguntas aún abiertas”.
El experto remarca que, para que estos estudios “sean útiles y puedan tomarse en serio”, tienen que dejar de ser una “herramienta de propaganda orquestada por los ya convencidos” y convertirse en un instrumento de investigación y aprendizaje real.
En este sentido señala que el Ministerio de Industria “tenía los recursos, el tiempo y la oportunidad de haber diseñado un experimento mucho más riguroso”. “Ahora está por ver si los 10 millones de euros que costará el piloto aportarán valor añadido“, concluye.
Fuente; eleconomista.es