Alicante, 21 de Abril de 2.018.
El Parlamento Europeo aprobó ayer la quinta revisión de la directiva comunitaria antiblanqueo, que permitirá que cualquier ciudadano pueda acceder a la información sobre los dueños reales de compañías que operan en la Unión Europea (UE), una mayor vigilancia sobre las monedas virtuales y tarjetas de prepago, así como medidas de protección para los delatores, que incluyen el anonimato.
Tras su posterior aprobación por el Consejo de Ministros, la norma se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor tres días después. Los Estados disponen de 18 meses para su transposición.
La reforma da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE. El objetivo es acabar con la opacidad que facilitan las denominadas empresas buzón, a menudo usadas para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos, como revelaron los Papeles de Panamá.
El texto aprobado afirma que “si bien ha habido mejoras significativas en la adopción y aplicación de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y en el respaldo a la labor de la OCDE en materia de transparencia por parte de los Estados miembros en los últimos años, es clara la necesidad de un mayor incremento de la transparencia global del entorno económico y financiero de la Unión”.
En cuanto a los propietarios de fideicomisos (trusts), la información será accesible para los que puedan demostrar un “interés legítimo”, como por ejemplo, periodistas y ONG. Los Estados miembros podrán dar un acceso más amplio a la información, en línea con su legislación nacional.
Finalmente, se obligará a las plataformas de negociación y a los proveedores que ofrecen servicios de monederos electrónicos a aplicar controles de diligencia debidas similares a los exigidos a los bancos, como la verificación de los clientes.
Así, deberán registrarse, igual que las empresas de cambio de divisas y las oficinas de cobro de cheques, así como los proveedores de servicios fiduciarios o empresariales.
En el caso de las tarjetas prepago, el importe de identificación de titulares se rebaja desde los 250 euros actuales a 150 y a más de 50 para operaciones remotas de pago.
La norma incluye criterios más estrictos para evaluar si los países de fuera de la UE presentan riesgo y medidas de vigilancia más estrechas de transacciones con nacionales de esas jurisdicciones.
Fuente; eleconomista.es