Alicante, 20-10-2022.
- Sopesa con Economía subir el criterio de ingresos del Código de Buenas Prácticas
La empinada subida de los tipos, junto a la desbocada inflación y el miedo a la recesión económica hacen temer por la futura capacidad de los hogares para encarar su hipoteca. Las entidades, lideradas por sus patronales (AEB y CECA), y el Ministerio de Asuntos Económicos llevan semanas de conversaciones buscando arbitrar soluciones para aquellas familias que se vean incapacitadas para hacer frente a su pago y parece haber sintonía en reeditar el Código de Buenas Prácticas aprobado en la anterior crisis para establecer esos auxilios, pero ampliando el espectro y perfil socioeconómico para que llegue a un mayor número de ciudadanos.
El Código incorpora un catálogo de alternativas cuando es imposible afrontar la cuota del préstamo para la vivienda tales como reestructuraciones de deuda (incluidas otras financiaciones), quitas e, incluso, daciones en pago que permitirían saldar la hipoteca con la entrega del piso. Su adhesión es voluntaria para las entidades financieras, aunque su aplicación es obligatoria cuando asumen su seguimiento.
Sin embargo, solo pueden exigir el acceso a esas facilidades aquellos hogares que reúnen el perfil que se denominó en su día como de “umbral de exclusión” y que fija criterios muy tasados que hoy dejarían fuera a buena parte de las familias que puedan verse agobiadas por sus cuotas en los próximos meses con las subidas de tipos de interés.
Entre los temas en debate sobre la mesa figura, precisamente, elevar el umbral de renta máxima que capacitaría a las familias a acceder a las facilidades contempladas en el código. La norma habilita el acceso a hogares cuyos ingresos no excedan tres veces el Iprem (24.318,84 millones), salvo que algunos de los miembros de la familia sufran alguna discapacidad o enfermedad grave, en cuyo caso el múltiplo puede aumentar hasta cinco veces ese parámetro.
Para poder beneficiarse del Código, tiene que ser la hipoteca para la vivienda habitual, sin que haya otras propiedades en la familia y el esfuerzo del pago de la deuda suponga, en términos generales, un 50% de los ingresos netos. Esta horquilla es otra en debate sobre la mesa con la posibilidad de que se baje al 40%, es decir, que no haya que tensionar tanto los presupuestos para recibir una solución, aunque hay discrepancias entre las entidades sobre la aceptación de esta flexibilidad de forma generalizada.
Otras de las medidas abiertas a discusión es la propuesta de CaixaBank de recuperar las moratorias en el pago del capital durante 12 meses para hipotecados asfixiados como se hizo durante la pandemia del Covid-19 para evitar impagos y el riesgo posterior de desahucios con la caída de ingresos por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Su formulación no convence, sin embargo, a otras entidades, más proclives a dar soluciones “caso a caso” y porque sería gravosa en términos de provisiones. La normativa financiera obliga a las entidades a acumular provisiones cuando refinancian deudas o las reestructuran, pero la Autoridad Bancaria Europea (EBA) eximió a la banca europea en su conjunto de estos cargos con el Covid para que ayudasen a las familias, algo que ya se da por descontado que no repetirá al tratarse ahora de una medida pensada solo a escala nacional.
Aunque la banca no ve indicios aún de impagos, el sector teme que entre el 15% y 16% de la cartera tenga riesgos de vulnerabilidad por la confluencia de tantas tensiones sobre los presupuestos domésticos.
Fuente; eleconomista.es