Alicante, 23-05-2022.
- Hoy lunes se reúnen la ponencia en el Congreso que analiza las enmiendas
- Montero no acepta dar desgravaciones a las aportaciones empresariales en el Impuesto sobre Sociedades
- Los socios de izquierda niegan el apoyo para aprobar la ley
Este lunes se debate en el Congreso la ponencia que analizará las enmiendas a la ley para el Impulso de los planes de pensiones de empleo elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según explican a eE fuentes parlamentarias el ministro José Luis Escrivá tendrá difícil sacar adelante el texto en el Congreso si no se produce un cambio en la postura del Gobierno en la aprobación de incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades para las aportaciones empresariales a los planes de pensiones de sus trabajadores.
Estas fuentes confirman que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero se opone a establecer un segundo incentivo a las aportaciones empresariales a través de este impuesto.
Sin embargo, el coste fiscal de desgravar en Sociedades sería bastante limitado si se compara con los 365 millones que supondrá incentivar los planes de pensiones con desgravaciones a las empresas en las cotizaciones sociales.
En cambio, la deducción en el Impuesto sobre Sociedades costaría 26,3 millones de euros si la desgravación es del 10% de las contribuciones empresariales o 39,5 millones si se trata de un 15%, según un informe, al que ha tenido acceso este diario, sobre el coste fiscal de aprobar las enmiendas presentadas a la ley.
Cuatro son los partidos que han presentado una enmienda solicitando una segunda ayuda a través del Impuesto sobre Sociedades a la aportación empresarial a los planes de pensiones de empleo de sus trabajadores. El Grupo popular, PdCat y Vox solicitan una deducción del 10% de las contribuciones empresariales a sistemas de previsión social a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, cuyo coste calcula el Gobierno en 26,3 millones de euros.
Por su parte, Ciudadanos eleva la solicitud de deducción al 15%, con un gasto para Hacienda de 39,5 millones. De lo que se deduce que cada punto de deducción merma en 2,63 millones de euros los ingresos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades.
Petición de la CEOE
La redacción de las cuatro enmiendas está prácticamente calcada. Fuentes de uno de los cuatro grupos políticos confirman que la petición les llegó desde la CEOE, interesada en impulsar este nuevo modelo de protección social y recuperar, así, parte del negocio que se ha perdido con el recorte de los beneficios fiscales a los planes de pensiones individuales.
Además, algún sector ya ha mostrado su interés por el modelo de Escrivá de los nuevos planes de pensiones de empleo canalizados a través de la negociación colectiva. La patronal de la construcción, CNC, ha firmado un preacuerdo con los sindicatos CCOO y UGT que recoge el desarrollo de estos planes de empleo a través de los convenios provinciales.
Eso sí, condicionado a que la ley se apruebe en el trámite parlamentario al menos en los términos en que entró. Aunque fuentes parlamentarias señalan que la CEOE preferiría que se aprobasen los incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades.
Sin embargo, la negativa de Hacienda a ceder un segundo apoyo a las aportaciones empresariales va más allá del coste fiscal. Unidas Podemos, como el resto del arco parlamentario de izquierdas, se ha mostrado contrario a incentivar con dinero público los planes de pensiones complementarios, ni los individuales (tercer pilar) ni los de empleo ligados a los trabajadores (segundo pilar).
De hecho, la formación morada ha solicitado mediante una enmienda que se suprima de la ley la ayuda mediante la desgravación en la cotización a la Seguridad Social que recibirán las empresas por sus aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas. Algo que ha cogido por sorpresa a la oposición que no comprenden el ataque a una ley que viene avalada por el Consejo de Ministros en el que participan los ministros de UP.
Rechazo de la izquierda
Es una muestra clara de la dificultad con la que se encuentra en estos momentos el ministro Escrivá para poder sacar adelante la ley en el Parlamento. Los socios de una parte de la izquierda (ERC, EH-Bildu y BNG) presentaron una enmienda a la totalidad a la ley argumentado que la previsión complementaria va en detrimento de la previsión pública de la Seguridad Social.
Fuentes de la formación catalana confirman a eE que, a día de hoy, su voto será no lo que, con toda seguridad, arrastrará a las formaciones gallega y vasca de izquierdas. Compromis estaría a favor y podría sumar a los dos diputados de Más País y, con bastante probabilidad, a Junts. A los que podrían unirse diputados sueltos. Insuficiente.
La única esperanza de Escrivá estriba en el Grupo Popular. De hecho, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, así se lo ha hecho saber al partido de Pablo Casado. Sin embargo, el ministerio de Escrivá se presenta ante los populares y los otros partidos que podrían apoyar la ley Ciudadanos, PdCat y Vox con las manos vacías.
Informes como única alternativa
Arroyo les ha confirmado que, si Hacienda no cambia de parecer, no podrá cumplir con su petición de ampliar las ayudas a las empresas con la deducción en el Impuesto sobre Sociedades. La única alternativa que les ha ofrecido es un informe elaborado por la Airef o por el Instituto de Estudios Fiscales sobre posibles alternativas. Algo que no convence al PP.
Desde Cs confirman a este diario que la enmienda de la deducción en Sociedades es condición imprescindible para apoyar la ley. Tesis que comparten los otros partidos. Pero la negativa de la izquierda lleva a que las exigencias sean mayores: fuentes del PP confirman que quieren recuperar también las deducciones a los planes individuales.
Poco interés de los sindicatos
La oposición política no es la única con la que se ha topado la ley elaborada por José Luis Escrivá. El texto nació sin el apoyo de los agentes sociales. Los empresarios insistieron en que se aumentasen las ayudas a las aportaciones empresariales a los planes más allá de las desgravaciones en la cotización en la Seguridad Social. Pedían deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.
Pero los sindicatos tampoco ven con buenos ojos el proyecto de Escrivá. Favorables a los planes de pensiones de empleo, consideran que los que ahora se debaten en el Congreso tienen escaso control y participación en su gestión de los trabajadores. Prefieren el actual modelo de planes de pensiones de empleo que convivirá con los de Escrivá.
Fuente; eleconomista.es