Alicante, 13-10-2023.
- Situará a España como el cuarto país de la UE con mayor presión fiscal sobre las rentas altas
- El PSOE estudia la vía para hacer permanente el impuesto temporal sobre las grandes fortunas
Sumar pretende introducir en el acuerdo de Gobierno que negocia con el PSOE un incremento de los tipos marginales IRPF que sitúe a España como uno de los países europeos con mayor presión fiscal del Estado sobre las rentas altas. Los de Yolanda Díaz forzarán una ampliación del número de tramos a partir de 120.000 euros, que lleve los tipos del 47% -actual- al 52% para aquellos con ingresos superiores a los 300.000 euros. La propuesta no es nueva. En 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy elevó siete puntos el tipo máximo del impuesto, hasta colocarlo en la cifra a la que Díaz quiere retornar. Lo hizo de manera temporal en plena tormenta económica provocada por la crisis financiera iniciada en 2008.
Tan solo tres Estados de la UE mantienen actualmente tasas más altas a la pretendida por la vicepresidenta segunda en funciones. Dinamarca, Francia y Austria cuentan con tipos máximos superiores al 52%. En el conjunto de países de la OCDE, Japón y Canadá se suman a este grupo, en el que España sería el sexto país con los tipos máximos más altos de los países desarrollados.
La gran apuesta de Díaz llega a través de la ofensiva fiscal que preparan sobre las rentas más altas, con la intención de seguir manteniendo el ritmo de la recaudación una vez que los efectos de la inflación se hayan extinguido. Hasta el pasado mes de agosto los ingresos tributarios a través del IRPF volvieron a incrementarse un 9,6% con respecto al mismo periodo del 2022, hasta los 82.505 millones de euros, según la Agencia Tributaria. El incremento propuesto tan solo afectaría en torno a un 0,6% de los españoles cuyos ingresos superan los 120.000 euros, según los datos del ministerio de Hacienda; el tipo máximo arañaría las rentas a un grupo más reducido de españoles, la mayoría de ellos afincados en la Comunidad de Madrid y Cataluña.
La portavoz de Sumar ya plasmó esta intención en el programa electoral con el que se presentó a las generales, en el que también incluye la eliminación aquellas deducciones del IRPF sin justificación económica, “muchas de las cuales generan además una reducción de la progresividad del impuesto”, apunta Sumar en su documento de propuestas. En él, no solo plantea una subida del IRPF, también demanda hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, reforzando su progresividad y llevando los tipos hasta el 4% para los patrimonios más elevados. “Los impuestos sobre la riqueza son justos en una sociedad en la que la desigualdad y la pobreza alcanzan niveles inaceptables”, afirma la formación.
Tasa a los ricos permanente
La sintonía en el PSOE es mayor en este último punto. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha dedicado buena parte del año a especular con una prórroga indefinida de la tasa, que en inicio debería extinguirse en 2024. Sin embargo, Montero fue más directa hace unas semanas cuando ondeó la clausula de revisión del tributo que incluye su extensión, “tendremos que ser capaces de mantener esa recaudación, más allá de que elijamos una fórmula como la que tenemos”, dijo el pasado 20 de septiembre desde Bruselas. Lo cierto, es que pocas opciones tendría el Gobierno, que es consciente de que dejar la tasa en manos de las Comunidades Autónomas desataría otra batalla fiscal como la provocada por el impuesto de patrimonio. Aun así, la responsable de Hacienda en funciones llevará la propuesta al debate sobre la financiación autonómica que planea reactivar tras la investidura.
Desde que echó a rodar, la Agencia Tributaria ha recaudado 623 millones de euros. En concreto, 12.010 grandes patrimonios, que apenas representan el 0,1% de los contribuyentes en España, han abonado por este tributo, complementario del Impuesto sobre el Patrimonio. El gravamen afecta a más de 12.010 declarantes, prácticamente todos -el 82%- residen en la Comunidad de Madrid.
Acuerdos, la próxima semana
Los trabajos entre PSOE y Sumar avanzan a contrarreloj. Ambas formaciones deben tener cerrado un acuerdo de gobernabilidad que siente las bases de la investidura de Pedro Sánchez, que podría celebrarse durante la semana del 6 de noviembre. Los de Díaz siguen tratando de incluir buena parte de sus propuestas electorales, con especial interés en la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, el control de los precios de los alquileres y un nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del 60% del sueldo mediano en España. Dos condiciones que –según Sumar– el PSOE sigue resistiéndose a aceptar. “Todo el mundo es consciente de que hay cosas que nos separan en cuestiones claves de la agenda social y que nosotros queremos desbloquear”, dijo el pasado lunes Ernest Urtasun, portavoz de Sumar.
La medidas puntales exigidas por Díaz chocan con el escenario económico que comienza a pintarse de cara a 2024. A la desaceleración del PIB prevista por el FMI para el año que viene, se suma la reactivación de las reglas fiscales que comenzarán a rodar en tan solo unos meses. La Comisión Europea demandará a España cumplir el compromiso enviado hace unos meses y que promete rebajar el déficit público al 3% a finales del próximo año. No obstante, el acuerdo exige la retirada de las medidas extraordinarias aprobadas para contener el auge de la inflación, y la contención del gasto público evitando políticas expansivas.
El encaje del PNV
La hoja de ruta de un nuevo Gobierno de Sánchez, no sólo contará con influencia de Sumar. El presidente en funciones busca acuerdo a largo plazo con otras formaciones necesarias para alzarse con la investidura. El pasado martes, el socialista avanzó en un pacto a cuatro años con el PNV que –entre otros– le exige cambios en la Ley de Vivienda. “Hay que ir poniendo negro sobre blanco y eso lo esperamos hacer las próximas semanas”, dijo el portavoz vasco, Aitor Esteban que insistió en que si logran un acuerdo, su grupo avalará los futuros Presupuestos de Sánchez.
Fuente; eleconomista.es