El Gobierno aprueba un paquete de apoyo a la solvencia empresarial ante la segunda ola del Covid

Flexibiliza los créditos avalados por el ICO, prorroga la suspensión de los concursos de acreedores y protege a los sectores estratégicos de la inversión extranjera

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas económicas dirigidas a sostener la solvencia de las empresas españolas ante el embate de la segunda ola del Covid-19 que amenaza con extender la duración de la crisis abierta por la pandemia.

Desde el principio de la crisis, ha subrayado la vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra de Asuntos Económicos, el Consejo de Ministros ha trabajado para “proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares” evitando un mayor deterioro de la actividad como consecuencia de la pandemia. Un impacto que habría ocasionado la pérdida de tres millones de puestos de trabajo y una caída del PIB del 25%.

Ahora, ha dicho, se impulsa una nueva batería de medidas para apuntalar la solvencia empresarial. El objetivo, ha dicho, es evitar que compañías viables puedan terminar cerrando por problemas ocasionales provocados por la pandemia por tensiones de liquidez o desequilibrios extraordinarios.

El Ejecutivo, como ha avanzado este diario, ha aprobado varias medidas en este sentido entre las que destaca una flexibilización de las condiciones de la financiación bancaria avalada por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La medida, que afecta tanto a la línea inicial de avales de 100.000 millones de euros como a la siguiente de 40.000 millones dirigida a sufragar inversiones, permitirá a las empresas contar con 24 meses de carencia en el pago del principal del préstamo, frente a los 12 inicialmente establecidos.

Calviño ha recordado que la primera línea de 100.000 millones ha facilitado 881.000 operaciones, el 98% de ellas dirigidas a pymes y autónomos, liberando 82.000 millones en avales que han facilitado 108.000 millones de euros de financiación.

Además, se extiende hasta en tres años la duración de créditos y avales, pasando de un máximo de cinco a un total de ocho años. En paralelo, el Gobierno da a las empresas la oportunidad de seguir solicitando estas líneas de crédito, garantizadas por el Estado hasta en un 80%, hasta el 30 de junio de 2021, frente al tope fijado anteriormente en diciembre de 2020

 

Rebaja en las cuotas

Varios ejemplos pueden ser ilustrativos para entender el efecto de la medida. Así, para el crédito medio a empresas de turismo, ocio o cultura, de 100.270 al 2,2% de interés, aprovechar los cambios supondría rebajar de 2.184 a 1.487 euros la cuota mensual. En el caso de la industria de la alimentación y las bebidas, con un préstamo medio de 270.600, al 2,1%, a la industria de alimentación y bebidas, pasar de un plazo de devolución de cuatro a siete años, permitiría congelar la cuota mensual del primer año en 473 euros y rebajar la posterior de 6.688 a 4.344 euros. Si se toma el crédito medio para el sector de bienes de consumo y comercio al por menor, de 277.500 euros al 2,5%, pasar de tres a seis años y contar con el año adicional de carencia supone congelar la cuota inicial en 161 euros y reducir de 2.667 a 1.518

La banca estará obligada a aceptar estas modificaciones siempre que el cliente esté al corriente de pagos, no incurra en mora o esté sujeto a un procedimiento concursal. Además, el Gobierno reducirá un 50% el coste de los aranceles notariales que conllevará certificar la novación. La entidad no podrá exigir la contratación de otros productos y el coste de la financiación solo variará, al alza, en aquellos casos en que la deuda se alargue hasta siete u ocho años, porque esto encarece el coste de la garantía.

En paralelo, el Gobierno habilita al ICO a acceder directamente a la Central de Información y Riesgos del Banco de España (Cirbe), lo que le permitirá conocer su situación frente a las distintas entidades financieras, a fin de prever posibles impagos y gestionar recobros de deuda.

 

Concursos de acreedores

Otra de las patas de actuación del plan es la extensión del 30 de octubre de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021 en la suspensión de los procedimientos concursales voluntarios o necesarios, en la petición que hagan deudores y acreedores, respectivamente, y en su admisión por parte del juez.

Además, el Ejecutivo amplía hasta el 30 de junio la protección de los sectores estratégicos ante inversiones extranjeras, sean comunitarias o extracomunitarias, que estarán sujetas a la autorización expresa del Gobierno en caso de cotizadas o de no cotizadas si la cuantía de la operación supera los 500 millones. Una medida que podría proteger la operación de adquisición de Air Europa por parte e Iberia.

En paralelo, a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), Economía ha creado una línea extraordinaria de cobertura de circulante por 1.000 millones, ha ampliado en 100 la línea de avales para pymes y no cotizadas, y ha creado otra de cobertura para cotizadas por 1.000 millones, hasta diciembre de 2021.

“Este real decreto ley como todos los autorizados con anterioridad busca minimizar los efectos de la crisis económica y social centrándose en proteger la estructura productiva, el empleo y las rentas familiares. De esta manera podremos seguir preservando la economía para que continúe en la senda de crecimiento” iniciada con la recuperación, ha dicho Calviño.

 

Rebaja del IVA de las mascarillas

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado la rebaja del 21% al 4% en el tipo de IVA de las mascarillas, “uno de los más bajos de la UE”, ha matizado.

Aunque inicialmente, al rechazar una petición de Ciudadanos en este sentido, Hacienda estimó que la pérdida de recaudación anual de esta medida sería de 1.570 millones, la rebaja ahora a una horquilla de 550 a 850 millones al entender que la llegada de las vacunas rebajará su uso en 2021.

Montero ha recordado que la medida, ampliamente demandando desde sectores de la oposición, solo después de que la Comisión Europea comunicara que no multará al país por incumplir la directiva comunitaria que impide dicha rebaja impositiva.

Además, al rebajarse la pasada semana de 0,96 a 0,72 el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas, con un 21% de IVA, la reducción del impuesto supondrá una disminución superior del precio de este material de protección ante el Covid-19 hasta el entorno de los 60 céntimos. A su vez, Hacienda prorroga hasta el 31 de abril el IVA a la importación y adquisición de material sanitario dirigido a centros sanitarios públicos y privados, ha detallado Montero.

 

Fuente; cincodias.elpas.com

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