El Gobierno aprueba un ‘pack fiscal’ de 1.100 millones para aliviar a las empresas

Presenta un paquete de 30 medidas que amplía la protección a los trabajadores, agiliza la financiación a las empresas y reduce el papeleo.

Poco a poco, como con ‘cuentagotas’ y en una cuantía muy modulada, el Gobierno va disponiendo las esperadas medidas de apoyo fiscal que el tejido empresarial le viene reclamando desde que a principios de marzo se desencadenó la crisis del coronavirus. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha detallado este martes las líneas generales de un paquete de medidas fiscales que según sus propias palabras va a inyectar 1.100 millones de euros extra de liquidez al castigado tejido empresarial doméstico a través principalmente de medidas para rebajar el pago fraccionado en IRPF e IVA que tendrán que abonar a Hacienda los 400.000 trabajadores autónomos acogidos al sistema de módulos y de eximir del pago en el Impuesto de Sociedades a aquellas pymes que hayan solicitado financiación al ICO y estén a la espera de su concesión.

Las medidas forman parte de una suerte de tercer paquete de medidas económicas, aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que se aprobará por Real Decreto. Habrá que estar pendiente del BOE, por tanto, para conocer el detalle de las medidas que Calviño apenas ha empezado a  apuntar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En lo que se refiere al plano fiscal, las palabras de la vicepresidenta apuntan a que las medidas de apoyo tendrán un tono restrictivo, ya que en principio ha limitado la posibilidad de que los 400.000 autónomos adscritos al sistema de módulos tributen por los ingresos que han generado de manera efectiva al ‘estado de alarma’, lo que parece implicar que una vez levantado éste tendrán que volver a tributar por los factores objetivos que caracterizan ese sistema de tributación -número de mesas operativas, superficie del local, aforo, capacidad de carga en el caso de vehículos de transporte-, con independencia del tono de la actividad económica en los próximos meses. En principio se barajaba la opción de que pudieran tributar por sus ingresos de forma excepcional durante todo el ejercicio de 2020.

Hacienda permitirá, asimismo, reducir los pagos fraccionados de IVA e IRPF , por la vía de descontar los días en que haya estado vigente el estado de alarma, y que las empresas que habían optado por abonar su factura de Sociedades de 2020 en función de la cuota abonada en 2019 -una posibilidad que el régimen fiscal habilita para aligerar el papeleo de las pymes y que se había convertido en una condena por razones obvias (los ingresos de 2019 serán en todo caso superiores a los de 2020 después del Covid-19) para las que la había solicitado- lo hagan también en función en función de sus ingresos reales.

Otro guiño: el Ejecutivo permitirá supeditar el pago de las deudas tributarias pendientes en el Impuesto de Sociedades por parte aquellas pequeñas y medianas empresas que hayan solicitado el apoyo financiero del ICO a la obtención efectiva de financiación desde esa línea de crédito. Hay que recordar que esos 100.000 millones de euros en líneas de créditos dispuestos por el Gobierno -de los que hasta la fecha se han ‘liberado’ 20.000 millones- se pusieron en marcha entre otras cosas para permitir a las empresas financiar el pago de sus impuestos a la Hacienda Pública.

El ‘pack’ fiscal, que según la ministra pondrá 1.100 millones de euros en los bolsillos de las empresas beneficiarias -básicamente pymes y autónomos-, incluye además dos nuevos ajustes a la baja de la tributación por IVA. El Gobierno eximirá de forma total del pago de IVA las adquisiciones de material sanitario por parte de centros hospitalarios y por entidades públicas sin ánimo de lucro; y rebajará también el tipo aplicable a libros, revistas y periódicos digitales del 21% al 4% del que ya disfrutan los de soporte físico, eliminando una discriminación muy controvertida y que el Gobierno tenía en su punto de mira desde el año 2019.

 Más teletrabajo y más ‘escudo social’

Las medidas de apoyo a las empresas se completan con una serie de retoques legales para garantizar en la medida de lo posible que las consecuencias derivadas de la crisis del coronavirus no se las llevan por delante. En ese plano, Calviño ha anunciado la regulación de una moratoria en el pago de la mensualidad del alquiler de sus locales para los profesionales y empresas, singularmente para aquellas instaladas en espacios propiedad de grandes tenedores y de organismos públicos. Además, se habilitará el uso de las fianzas depositadas por éstos para abordar potenciales impagos por la falta de ingresos derivados del ‘cerrojazo’ o el desplome de la actividad en todos los sectores.

El Gobierno también ha decidido ‘movilizar’ al Consorcio de Compensación de Seguros -el asegurador de último recurso dependiente del Gobierno de España- para dar cobertura al riesgo de seguro de crédito en operaciones comerciales, como medida para garantizar el circuito de pago a proveedores y evitar un incremento de la morosidad.

El Real Decreto gubernamental también extenderá el ‘escudo social’ dispuesto por el Gobierno para proteger a los trabajadores afectados por la crisis, en torno a seis millones según las estimaciones del Banco de España. El Ejecutivo ampliará la protección a través de la prestación especial dispuesta en el primer paquete de medidas económicas a grupos de trabajadores que se habían quedado fuera de su paraguas protector, como los que habían cesado voluntariamente en su relación laboral después del 1 de marzo porque tenían otra oferta de trabajo que finalmente no se concretó por la crisis o los que fueron cesados durante el periodo de prueba en ese mismo periodo.

También se ha aprobado, como se esperaba, la ampliación de la recomendación general de recurrir al teletrabajo en todos esos puestos en que se pueda realizar y la obligación para las empresas de aceptar la reducción de jornada total o parcial de los trabajadores que tengan menores o personas de mayor edad a su cargo. Asimismo, se crea también un escudo protector para los trabajadores fijos discontinuos y se permite acogerse a ERTE por causa de fuerza mayor a las empresas incluidas dentro del perímetro de servicios esenciales, siempre que esa fórmula incluya únicamente a los trabajadores no movilizados para hacer frente a ese trabajo esencial. Hasta ahora, éstas se habían quedado fuera de las medidas de protección que el Ejecutivo había puesto en danza para cubrir el desplome de la actividad.

 

Fuente; lainformacion.com

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