- El Pacto de Toledo ultima las recomendaciones para la reforma del Sistema
- El Gobierno quiere ganar un año a la edad real de jubilación en España
- La Seguridad Social sufrirá una reordenación para eliminar su déficit en tres años
A pocos días del toque de corneta para arrancar la reforma del sistema público de pensiones, una vez el Pacto de Toledo resuelva el documento de recomendaciones y que según ha podido saber elEconomista podría tener lugar en las próximas semanas, la reforma de pensiones parece tener ya cara y ojos a la luz de las observaciones realizadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en la Comisión parlamentaria del ramo. Concretamente, los cambios que llegan para las jubilaciones futuras se sustancia en seis aspectos, a pesar de que serán hasta 21 las recomendaciones que emita el Pacto de Toledo de la reforma.
En este sentido, como ya se ha ido avanzando la reforma que llevará a cabo el ministro Escrivá una vez recoja el mandato del Pacto de Toledo pivotará sobre seis puntos, principalmente, con los que se busca dar la vuelta al calcetín del déficit presupuestario de la Seguridad Social, organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país, que este año alcanzará los 2 puntos porcentuales de PIB, unos 25.000 millones de euros. Entre ellos: la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el acercamiento de la edad real de jubilación a la edad legal y el desarrollo de sistemas de previsión social complementarios.
Para llevar a cabo la tarea, el ministerio se apoya, como se ha mencionado en seis de los puntos del mandato de los partidos al Ejecutivo. De este modo en la primera de las recomendaciones del Pacto de Toledo se prevé la consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero, mientras que en la recomendación número seis se pide que la financiación de los incentivos al empleo no pueda hacerse con cargo a las cotizaciones sociales. Ambas medidas servirán para mitigar el desequilibrio financiero del Sistema y liberar gastos impropios de la Seguridad Social. Aquí como ya avanzó elEconomista, los partidos se encuentran cerca de pactar una propuesta que calcula en 12.000 millones de euros estos gastos impropios que podrían ser financiados con los Presupuestos Generales y salir del pasivo del Sistema.
En cuanto a la recomendación segunda sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, Escrivá explicó en la Comisión de este miércoles que aquí se trata de dotar de certidumbre a las pensiones en su horizonte temporal por lo que espera se pueda llegar a un consenso en el seno del Pacto de Toledo a cerca de esta cuestión. Fuentes cercanas a la negociación que se encumbra durante estos días apuntan a que el acuerdo entre los partidos para vincular la subida de las pensiones al IPC es casi total y está asegurado. Según cálculos de Fedea, una subida ligada a la inflación media esperada en un periodo de expansión económica, en torno al 2%, supondría un coste extra en la partida de pensiones de 2.500 millones de euros. Una senda que elevaría el gasto en 36.000 millones para 2050, según advierte el Banco de España.
También hará uso el Gobierno de la cuarta recomendación sobre convergencia e integración de regímenes, en la que se espera el Pacto de Toledo emita una recomendación sobre las del sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos, a través de un modelo de aportaciones al Reta en base a los ingresos reales. Esta medida, que está siendo discutida en estos momentos internamente en la Seguridad Social y que deberá ser negociada con las asociaciones representantes del trabajo autónomo de nuestro país, permitiría al sistema de pensiones ingresar 2.000 millones de euros más cada año.
Más años de trabajo
También avanzó Escrivá, sobre la recomendación número doce, que se tratará de articular incentivos positivos para el alargamiento de la vida laboral, de modo que se vaya acercando la edad real de retiro del mercado laboral a la estipulada por ley. Hoy esta edad se encuentra en los 65 años y 10 meses si bien la media de jubilaciones se produce a los 64 años y 6 meses. En 2027, la edad legal de retiro será ya de 67 años en virtud de los acuerdos de la reforma de 2011, y según los cálculos de la Seguridad Social, por cada año que se le gane a la edad real de jubilación se recortaría un cuarto del déficit de la Seguridad Social (enquistado en 18.000 millones antes del impacto de la pandemia) por lo que se pasarían a ingresar 4.500 millones de euros más al año.
Por último, se encuentra el impulso a los planes de pensiones o previsión social complementaria. Se pretende en este punto y en base a la recomendación 16 del Pacto de Toledo dar incentivos para la articulación de planes de ahorro colectivo en la empresa, como ocurre en el País Vasco con las EPSV o en Reino Unido, para ensanchar la base de trabajadores con un plan complementario que complete a futuro la pensión de jubilación. Busca así incentivar los planes de pensiones de empleo en detrimento de los privados, que han sido calificados de ineficientes por AIReF, con el desplazamiento de los incentivos fiscales, con lo que la Seguridad Social contará en sus arcas con casi 2.000 millones de euros más que cuesta la desgravación fiscal al Estado cada año.
Fuente; eleconomista.es